Granizadas en el Maule: la emergencia agrícola sigue pendiente mientras se evalúan pérdidas en una de las principales regiones frutícolas de Chile

Durante años, buena parte de las preocupaciones agrícolas del Maule estuvo relacionada con la escasez de precipitaciones, la disponibilidad de agua para riego y los efectos de la sequía. Sin embargo, los fenómenos meteorológicos intensos también pueden convertirse en una amenaza para la producción. La tormenta del lunes 26 de octubre volvió a demostrarlo.

En el sector de Colín, comuna de Maule, las precipitaciones y granizadas provocaron daños en plantaciones de hortalizas e infraestructura productiva. Entre los perjuicios reportados se encuentran la destrucción de coberturas de invernaderos y pérdidas en cultivos de tomate.

También se difundieron antecedentes de afectación agrícola en sectores de Río Claro y Pencahue, aunque todavía no existe un balance público consolidado que permita establecer la magnitud de las pérdidas en cada comuna. El problema adquiere especial relevancia porque las consecuencias de un evento meteorológico no terminan cuando deja de llover.

Para un productor, la pérdida de una cosecha puede representar meses de trabajo, recursos invertidos y una fuente de ingresos que no necesariamente puede recuperarse durante la misma temporada.

El llamado del gobernador y la respuesta del ministro

El martes 27 de octubre, el gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca recorrió predios afectados en Colín y solicitó al Ministerio de Agricultura declarar emergencia agrícola. La autoridad planteó que esa medida permitiría movilizar recursos para ayudar a productores damnificados, incluidos aquellos que no pertenecen a INDAP.

Entre las necesidades inmediatas identificadas durante las visitas se mencionaron materiales para reparar invernaderos, como plásticos de cobertura, polines y alambres. Sin embargo, la petición pública abrió una discusión administrativa.

Ese mismo martes, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, señaló en una entrevista con 24 Horas que todavía esperaba recibir la solicitud formal acompañada de los antecedentes técnicos necesarios para evaluar la medida. La distinción es fundamental: una solicitud anunciada públicamente no equivale a una emergencia agrícola decretada.

Hasta la revisión efectuada esta mañana no fue posible acreditar mediante una resolución oficial que la nueva emergencia agrícola hubiese sido declarada para el Maule. Tampoco se pudo confirmar si el documento solicitado por el ministro ya había ingresado formalmente después de sus declaraciones.

El catastro que falta

INDAP inició un levantamiento de información para dimensionar los daños y determinar las necesidades de los productores afectados. Según los antecedentes difundidos el 27 de octubre, los primeros resultados del catastro se esperaban para el viernes 30.

La información será decisiva para determinar cuántos agricultores sufrieron perjuicios, cuáles son los rubros más afectados y qué tipo de apoyo podría resultar necesario. También permitirá diferenciar los daños en cultivos de las pérdidas de infraestructura. No es lo mismo un invernadero que requiere reponer su cubierta plástica que una plantación cuya producción de la temporada se perdió por completo. Asimismo, deben distinguirse las pérdidas de pequeños productores de las correspondientes a explotaciones de mayor tamaño.

Algunos agricultores reportaron afectaciones cercanas al 90% o incluso superiores en predios específicos. Esos porcentajes no pueden extrapolarse al conjunto de la comuna ni de la región. Sin un catastro consolidado, tampoco es posible calcular el valor económico total de las pérdidas.

Una cuarta parte de la superficie frutícola nacional

La emergencia ocurre en una región cuyo peso agrícola es considerable. Según el Catastro Frutícola Odepa-Ciren, publicado en el boletín de mayo de 2025 con información territorial correspondiente a 2024, el Maule registraba 97.418 hectáreas plantadas con frutales. La cifra representaba el 25,2% de la superficie frutícola nacional, estimada en 386.573 hectáreas. Solo O’Higgins registraba una participación ligeramente superior, con el 25,8%.

El mismo estudio identificó un aumento de 21.044 hectáreas frutícolas en el Maule entre 2021 y 2024. Esto demuestra la importancia estructural del sector para la economía regional, pero requiere una precisión: las 97.418 hectáreas corresponden a la superficie frutícola catastrada, no a la superficie dañada por la granizada de octubre de 2026.

La afectación de este evento debe medirse de manera independiente.

Una vulnerabilidad que atraviesa distintas comunas

El episodio de octubre no es el primer evento meteorológico de 2026 que obliga a desplegar servicios agrícolas en el Maule. En julio, el Ministerio de Agricultura informó inspecciones de infraestructura de riego en Rauco, Hualañé y Sagrada Familia, debido al aumento del caudal del río Mataquito.

Las autoridades revisaron bocatomas y obras de conducción para evaluar posibles riesgos. También se efectuaron inspecciones en la cuenca del río Lontué, donde se analizaron obras de riego y medidas preventivas frente a las precipitaciones.

Aquellos episodios tuvieron características distintas de la granizada del 26 de octubre. No corresponde sumar sus eventuales daños a los del último temporal. Sin embargo, considerados en conjunto, muestran que la gestión de riesgos agrícolas involucra tanto a productores de hortalizas como a comunidades de regantes, fruticultores y pequeños agricultores de diferentes provincias.

Qué significa declarar emergencia agrícola

La declaración de emergencia agrícola es un instrumento administrativo que permite al Ministerio de Agricultura coordinar medidas extraordinarias frente a daños productivos provocados por fenómenos climáticos u otras contingencias.

Su aplicación depende de antecedentes técnicos y de las resoluciones correspondientes. Durante agosto de 2026, por ejemplo, el Ministerio declaró emergencia agrícola en Ñuble tras los daños ocasionados por sistemas frontales. En esa región, INDAP desarrolló posteriormente un levantamiento de productores afectados para orientar las medidas de recuperación.

Ese antecedente permite comprender cómo puede organizarse una respuesta institucional, pero no significa que el Maule recibirá automáticamente los mismos recursos o beneficios. La cobertura territorial, las ayudas disponibles, sus requisitos y los montos deben establecerse específicamente para cada emergencia.

La diferencia entre ayuda inmediata y recuperación productiva

Las necesidades de los agricultores pueden desarrollarse en distintas etapas. La primera consiste en enfrentar los daños más urgentes, especialmente cuando se destruyen instalaciones necesarias para continuar trabajando. Luego viene la recuperación productiva: reponer cultivos, reparar infraestructura y reunir recursos para iniciar un nuevo ciclo. En algunos casos, también pueden existir obligaciones crediticias, contratos comerciales o compromisos laborales afectados por la pérdida de producción.

No obstante, todavía no se dispone de información que permita establecer cuántos agricultores maulinos enfrentan cada una de estas situaciones. Tampoco se puede afirmar que los mecanismos de apoyo contemplen necesariamente compensaciones por el total de las pérdidas.

La experiencia de otras emergencias demuestra que los instrumentos pueden incluir asistencia técnica, financiamiento y apoyos materiales, pero sus condiciones deben ser comunicadas formalmente.

La pregunta de fondo

El Maule concentra una parte relevante de la producción frutícola chilena y cuenta con numerosas localidades donde la agricultura constituye una actividad económica esencial. La granizada del 26 de octubre dejó daños visibles en predios e invernaderos, pero su impacto económico y territorial todavía se encuentra en evaluación.

Mientras los agricultores esperan respuestas, la discusión institucional se ha concentrado en la declaración de emergencia y en los antecedentes necesarios para respaldarla. La cuestión central no es solamente cuándo se emitirá una resolución. También es cómo se identificarán las necesidades, qué productores podrán acceder a las ayudas y cuánto tiempo demorará la recuperación de sus actividades.

Porque después de una tormenta, la verdadera dimensión de una emergencia agrícola se mide en las cosechas que no podrán venderse y en la capacidad de los productores para volver a trabajar