
Funcionario municipal de San Javier condenado por malversación de más de $25 millones en venta de bonos de Fonasa
- Lunes 10 de marzo de 2025
- 11:21 hrs

Un funcionario municipal fue sentenciado a cinco años de presidio menor por apropiarse de fondos públicos en la venta de bonos de Fonasa.
El Tribunal de San Javier dictó una condena de cinco años de presidio menor en su grado máximo contra Pablo Guerrera Aravena, funcionario municipal acusado de malversación de caudales públicos, tras apropiarse de más de $25 millones provenientes de la venta de bonos de Fonasa entre julio y agosto de 2023.
Denuncia e investigación
La denuncia fue presentada en 2023 por la Municipalidad de San Javier, tras detectar irregularidades en el manejo de los fondos generados por la venta de bonos de salud en la comuna.
Según detalló el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, el funcionario tenía a su cargo la venta directa de los bonos y debía depositar los ingresos en la tesorería municipal. Sin embargo, se constató que los fondos no estaban siendo transferidos a la cuenta corriente correspondiente.
"Las diligencias permitieron establecer el modus operandi del imputado y su responsabilidad en la apropiación de más de 25 millones de pesos", indicó el fiscal.
Sentencia y restitución del dinero
El funcionario fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Sin embargo, el tribunal sustituyó la pena de cárcel por libertad vigilada intensiva, lo que significa que deberá presentarse periódicamente ante Gendarmería de Chile en Linares durante el mismo período de su condena.
Gracias a la investigación del Ministerio Público, se logró recuperar la totalidad del dinero sustraído, el cual fue reintegrado a las arcas municipales.
"No solo se logró establecer el delito y condenar al imputado, sino también resarcir el perjuicio causado a la Municipalidad de San Javier", destacó el fiscal Caroca.
Este caso evidencia la importancia de los mecanismos de fiscalización y denuncia en la administración pública, permitiendo sancionar hechos de corrupción y recuperar recursos para el beneficio de la comunidad.
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