Ley de Agilización de Permisos de Construcción: Impulso clave para enfrentar el déficit habitacional y reactivar la economía de la Región de Valparaíso
- Lunes 20 de enero de 2025
- 10:42 hrs
El presidente regional de la CChC, Fernando Bustamante, subrayó que la ley no solo facilita la inversión, sino que “también contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades”.
La Ley Agilización de Permisos de Construcción, promulgada en noviembre y vigente desde enero de 2025, marca un hito en la modernización de los procesos administrativos en el sector construcción. Este marco normativo, impulsado por diversas instituciones y gremios como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), promete dinamizar la economía, generar empleo y abordar desafíos históricos como el déficit habitacional, un problema crítico en la Región de Valparaíso, que enfrenta una carencia de más de 100,000 viviendas.
Impacto en la Región de Valparaíso
El presidente regional de la CChC, Fernando Bustamante, subrayó que la ley no solo facilita la inversión, sino que “también contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades”. Proyectos estancados ahora tienen la posibilidad de avanzar, acelerando el acceso a vivienda y el desarrollo de infraestructura esencial.
La seremi del Minvu, Belén Paredes, destacó que su cartera ha priorizado el diálogo y la colaboración para superar desafíos históricos. “Nos hemos propuesto identificar y abordar aquellos aspectos que requerían impulso, pero que, debido a múltiples factores, no estaban generando los resultados esperados”, afirmó.
Beneficios y Transformaciones Clave
Entre los avances destacados de la normativa, se encuentran:
- Agilización de trámites:
El uso de declaraciones juradas y convenios con revisores independientes permite que las Direcciones de Obras Municipales (DOM) gestionen proyectos con mayor rapidez. Según la abogada Jeanette Bruna, especialista en derecho urbanístico, esto alivia la carga operativa de las DOM y facilita avances preliminares mientras se tramitan los permisos definitivos.
- Reducción de judicializaciones:
La creación de un único reclamo jurisdiccional especial disminuye los litigios prolongados, otorgando mayor certeza jurídica a los proyectos.
- Reactivación económica:
Según la Comisión Marfán, reducir un tercio los tiempos de tramitación podría generar US $940 millones anuales en recaudación fiscal y desbloquear 67.000 viviendas. Además, se fomenta un entorno favorable para la inversión privada, como destacó el abogado Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.
- Mayor transparencia y control:
La supervisión directa del Minvu y la colaboración estratégica con universidades y revisores independientes refuerzan la eficiencia y claridad en los procedimientos.
Un llamado a la colaboración
El abogado Vicente Burgos enfatizó que para maximizar los beneficios de la normativa, es fundamental fortalecer las capacidades operativas de las Seremis Minvu. Destacando como efectos de la nueva ley, la simplificación de trámites, la reducción de burocracia en el proceso de obtención de permisos de construcción, la clarificación de responsabilidades, la definición precisa de roles entre las DOM y otros actores del sector y una mayor certeza jurídica, estableciendo de plazos y procedimientos claros para todos los involucrados.
Además, el funcionario del Minvu resaltó “el fomento de la inversión como consecuencia, y la creación de un entorno más favorable para la participación del sector privado.”
En el cierre del reciente conversatorio organizado por la CChC Valparaíso, el consejero regional Juan Carlos Antúnez resaltó el compromiso gremial y la importancia de seguir trabajando colectivamente en soluciones que respondan a las necesidades de vivienda.
Un futuro más sostenible y equitativo
Con la economía regional en desaceleración —y un crecimiento promedio anual del 1% en la última década—, la Ley de Agilización de Permisos de Construcción es una herramienta clave para revertir estas tendencias. Su éxito dependerá de garantizar un equilibrio entre eficiencia administrativa, cumplimiento de estándares regulatorios y planificación inclusiva.
Esta normativa no solo moderniza procesos, sino que también marca un paso hacia un desarrollo sostenible y equitativo, posicionando a la construcción como un motor esencial para enfrentar los desafíos sociales y económicos del país.
